|
EL PAÍS
TRIBUNA:
AURELIO ARTETA
Tinduf
desolada
AURELIO ARTETA
15/02/2007
Han sido
nada menos que 52 las resoluciones favorables desde 1990,
aunque ya hemos perdido la cuenta. Como cada año, también el
último (el día 14 de diciembre) la Asamblea General de la
ONU aprobó por 70 votos a favor y ninguno en contra otra
nueva resolución reafirmando que el del Sáhara Occidental es
un problema de descolonización interrumpida que sólo puede
resolverse mediante la práctica del principio de
autodeterminación. España se abstuvo en la votación. Nuestro
representante en las Naciones Unidas adujo que, aun cuando
su Gobierno apoyaba ese principio, no era el único
susceptible de abordar este proceso descolonizador. No
consta que el embajador pasara entonces a exponer qué otro
principio sería aplicable para acabar con esta vergüenza
política que dura ya demasiado.
Ignorante de
los recovecos de la política internacional, a uno le parece
una inhibición culpable. Es escandaloso que España se
abstenga de aliviar la suerte de la región del planeta en la
que le asiste menos derecho a abstenerse y más deber de
estar implicada. Incluso habría más razones para disculpar
esa vergonzante neutralidad en Estados Unidos y Francia,
países con los que en este litigio España está alineada. Al
fin y al cabo, Sáhara Occidental no ha sido nunca una
porción de aquellos Estados como lo fue del nuestro. Por eso
muy pocos días después el presidente argelino pudo sacar los
colores al español pidiéndole mayor compromiso con vistas a
organizar el referéndum requerido por la legalidad
internacional. Y es que, recordó Buteflika a Rodríguez
Zapatero, "España no puede quedarse indiferente ante la
suerte actual del pueblo saharaui, que ustedes colonizaron
desde 1885 hasta 1975". ¿O no es tal indiferencia la que hoy
permite que sea el reino de Marruecos el nuevo y más brutal
colonizador?
Por lo que
se escucha en los campamentos, los saharauis confían en la
sociedad española, pero tienen al Gobierno español como
enemigo. Es verdad que la responsabilidad última corresponde
a las Naciones Unidas, pero pocos Gobiernos del mundo como
el nuestro guardan la llave de la solución del problema. A
falta de autoridad mundial con poder para disuadir a la
actual "potencia ocupante" (Marruecos), le tocaría a la
anterior "potencia administradora" (España) emprender pasos
que desbloqueen la situación. Pues ésta se pudre a tal
extremo que, según bastantes refugiados, la única esperanza
reside en una nueva guerra con el invasor. No porque haya la
menor confianza en ganarla, claro está, sino porque sólo así
los jugadores decisivos de la partida se verían forzados a
mover ficha en este tablero político congelado.
Podría ser
entonces que el Gobierno no estuviera defraudando tan sólo a
los pocos saharauis, sino a muchos españoles más, y que en
este punto fuera tan enemigo nuestro como suyo. Es cosa
fácil de entender. Antes o después, un Gobierno democrático
debe y suele dar noticia de sus políticas, lo mismo de sus
proyectos que de sus resultados. Se trata de una obligación
sin la cual el ciudadano permanece incapaz de formar su
juicio político y, por tanto, de ejercer el debido control
de sus mandatarios. De modo que, mejor o peor, la opinión
pública española está oficialmente informada de las razones
de la salida de nuestras tropas en Irak o de nuestra actual
presencia militar en Bosnia y Afganistán. Hasta podría
recordar que, bajo la presidencia de España, el Consejo de
Seguridad aprobó en 2003 por unanimidad la resolución 1.495
en apoyo del Plan Baker para descolonizar el Sáhara
Occidental, esa resolución que no quiere aplicarse. Ahora
bien, ¿quién explicó a esa opinión pública el giro radical
de nuestra política en este conflicto precisamente a partir
del último cambio de Gobierno? ¿Algún ciudadano conoce por
boca del ministro Moratinos la postura oficial ante la
estrategia marroquí y el futuro a medio plazo de la ex
colonia? Quizá se nos pasó por alto, pero ¿acaso ha dedicado
el Parlamento español una sola sesión a debatir de esta
notoria injusticia que un Gobierno franquista comenzó y
varios Gobiernos democráticos llevan treinta años
manteniendo? ¿Cuál es entre nosotros el partido que
introduce este pleito en su campaña electoral o en su agenda
política?
Se dirá que
el ciudadano medio, en su habitual desidia hacia la cosa
pública, tiende a despreocuparse de las andanzas de su país
en política exterior. Y eso es cierto, salvo seguramente a
propósito de Sáhara Occidental. En este asunto, una nutrida
población española está volcada a través de múltiples
asociaciones de solidaridad, ayuda humanitaria, acogida de
niños, etcétera, mientras su Gobierno no da señales de
sentirse concernido. Así las cosas, en la medida en que
hemos convertido ya a esas gentes en bastante "nuestras",
junto al derecho a saber la suerte que se les prepara nos
mueve también un justificado interés en saberlo.
Aceptemos,
pues, con algún entendido que el derecho al autogobierno del
Sáhara no ha de equivaler sin más al derecho a su
independencia. A lo mejor bastaría que ese autogobierno
garantizara el retorno y una vivienda digna a los exiliados,
la disposición autónoma de sus riquezas naturales y la
libertad para defender sus proyectos políticos. Sólo que,
desde su probado desprecio hacia los mandatos de la
autoridad internacional -y conforme al trato político que
dispensa a sus propios súbditos- no es de esperar que el
régimen de Mohamed VI acceda de buen grado al reconocimiento
de tales cotas de soberanía saharaui. Y la pregunta es cómo
va a favorecer España ese reconocimiento, mientras vende a
aquel régimen las armas que lo vuelven imposible.
Al visitante
de los campamentos de Tinduf le abate el espectáculo
desolador de aquel paraje y de sus pobladores. Los mayores
se entregan a rumiar el pasado, los más jóvenes no se hacen
ilusiones sobre su porvenir, los niños acuden a una escuela
a la que sus maestros -desprovistos de alicientes- faltan
cada vez más. Entre tanta basura sin recoger y pozos
sépticos sin depurar, cunde la desidia y la desmoralización.
Son vidas sobrantes: al carecer como refugiados de derechos
políticos, carecen también de derechos como seres humanos.
Se ha dicho que la solidaridad hacia estos despojos de
Tinduf discrimina a la mayoría que malvive en los
territorios ocupados a merced de la presión y represión
marroquíes. ¿Y no podría nuestro Gobierno contribuir al
acercamiento de estas dos partes de la quebrada sociedad
saharaui para así forzar a la observancia del reiterado
dictamen de las Naciones Unidas?
Porque sería
sencillamente infame que tanta memoria histórica para los de
aquí dejara olvidados a los de allá, esos que un día nada
lejano también fueron de los nuestros.
Aurelio
Arteta
es catedrático de Filosofía Moral y Política en la
Universidad del País Vasco.
|
