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La Fiscalía pide a Garzón que investigue a altos cargos
marroquíes por genocidio:
Informa a
favor de la admisión de una querella por los delitos
cometidos contra cientos de saharauis desaparecidos, la
mayoría de ellos de nacionalidad española / Entre los
acusados está el ex director general de la Seguridad
Nacional de Rabat
EL MUNDO:
MANUEL MARRACO
MADRID.- La
Fiscalía ha pedido a Baltasar Garzón que investigue a 32
altos cargos marroquíes por un presunto delito de genocidio
denunciado por asociaciones pro Derechos Humanos y de ayuda
al pueblo saharaui. El Ministerio Público respalda la
admisión a trámite de una querella «contra gobernantes y
militares marroquíes por su responsabilidad en el genocidio,
torturas, secuestros y desapariciones practicado por el
Reino de Marruecos contra el pueblo saharaui».
La querella
recayó en el Juzgado de Baltasar Garzón, que dio traslado al
Ministerio Público. En diciembre, dos meses después de su
presentación, el fiscal Pedro Rubira informó favorablemente
a su admisión por los mismos delitos denunciados, una
decisión sobre la que la Fiscalía no había informado.
El juez
instructor aún no se ha pronunciado de manera definitiva,
aunque las asociaciones querellantes se muestran optimistas,
especialmente tras el respaldo de la Fiscalía dirigida por
Javier Zaragoza. A favor también cuentan las actuaciones
precedentes del magistrado en casos de delitos contra la
Humanidad, y el hecho de que Garzón les haya pedido que
cumplimenten diversos requisitos procesales necesarios para
la admisión.
El pasado 11
de diciembre, el magistrado también les solicitó que
identificasen «concretamente las imputaciones que hacen a
cada uno de los querellados y presunta participación de
éstos con los hechos imputados», para fijar los indicios de
participación criminal contra cada uno «en este momento
procesal».
Amparándose
en el principio de justicia universal, el escrito fue
presentado de manera conjunta por la Asociación de
Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, la
Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Federación
Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui,
la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el
Pueblo Saharaui y la Federación de Asociaciones de Promoción
de Defensa de los Derechos Humanos. Otros cuatro familiares
de desaparecidos saharauis ejercen la acusación particular.
Justicia
universal
La Fiscalía
considera que los hechos denunciados encajan en los
criterios marcados recientemente por el Tribunal
Constitucional para aplicar el criterio de jurisdicción
universal. Fuentes de la Audiencia resaltan que habría que
admitir la querella incluso siguiendo la interpretación más
restringida seguida inicialmente por el Tribunal Supremo,
que exigía algún tipo de «conexión» con los intereses
nacionales. En este caso, gran parte de las víctimas
mencionadas disponían DNI español, lo que cumpliría con
creces el requisito. Algunas de ellas llegaron a combatir
contra Marruecos bajo bandera española.
Entre los 32
querellados se encuentran varios generales y figuras
prominentes de la política marroquí de los últimos tres
decenios. Entre ellos destaca Dris Basri, ex ministro del
Interior y hombre fuerte del reinado de Hasan II. Según los
querellantes, gestionaba casi en exclusiva los temas
relacionados con el Sáhara Occidental. Basri fue destituido
por el actual monarca, Mohamed VI, y vive exiliado en París.
También
figuran como querellados Hamidou Lanigri, ex director
general de la Seguridad Nacional marroquí [la Policía] y de
la DST [policía política]; Yasine Mansouri, ex director
general de la Dirección General de Estudios y Documentación
y consejero especial del Rey de Marruecos; Abdellaj el
Kadiri, ex director general de la Dirección General de
Estudios y Documentación; Abdelasis Banani, general mayor de
las Fuerzas Armadas Reales; Housni ben Sliman, general de la
Gendarmería Real marroquí; Ben Hima, comisario de la
Dirección General de la Seguridad Nacional de El Aaiún y en
la actualidad comisario en Agadir; y Abdelhafid ben Hachem,
ex jefe de la Dirección General de la Seguridad Nacional y,
según los querellantes, brazo derecho de Dris Basri.
El escrito
denuncia «el plan sistemático de eliminación del pueblo
saharaui, que se realiza de forma organizada y jerarquizada
por las personas denunciadas, sirviéndose de personal a su
mando y de los efectivos personales militares y
paramilitares».
Según el
relato de las asociaciones, «desde el 31 de octubre de 1975
hasta la actualidad el Ejército marroquí ha ejercido una
permanente violencia contra el pueblo saharaui, primero en
una guerra de invasión que obligó a gran parte de la
población saharaui, más de 40.000 personas, a huir al
desierto, siendo perseguidos y bombardeados por las fuerzas
invasoras con napalm, fósforo blanco y bombas de
fragmentación, arrojados al vacío desde helicópteros,
creando un estado de terror y persecución» en el territorio
del Sáhara Occidental «que se mantiene en la actualidad».
Todo ello ha
dado lugar «a la desaparición de miles de personas, de las
cuales por lo menos 526 saharauis, aún hoy, permanecen en
esa situación, sin que sus familiares tengan conocimiento
alguno de su paradero, y negándoseles por el Estado marroquí
cualquier noticia sobre ellos». La querella da el nombre y
apellidos de 206 de esos desaparecidos, y pide al juez que
tome declaración como testigos a algunos de sus familiares.
Los casos
mostrados a la Audiencia Nacional tuvieron lugar entre 1975
y 1980, aunque según el escrito no ha dejado de producirse
en ningún momento. Tras la llegada de Mohamed VI, afirman
los querellantes, se produjo «un recrudecimiento del sistema
represivo marroquí contra la población saharaui» para
mantener «el estado de terror y de sitio implantado bajo las
órdenes de Hasan II
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